¡Basta ya! Hacia una radicalidad en las demandas por el territorio

*Nota original del 21 de abril del 2015 en la página web del Periódico Resumen haciendo clic “aquí“:

Hagamos un recuento superficial de las problemáticas que han aquejado, en los últimos años, a las distintas regiones, comunas, ciudades y localidades: En el norte del país hay problemas de contaminación del agua, la cordillera y los valles en conflicto con la gran minería, la costa depredada por termoeléctricas, poca conectividad y escasez de servicios en los pueblos interiores. En la zona centro los monocultivos de frutas y cereales están dejando a las comunidades locales sin agua al tiempo que grandes planteles industriales de animales contaminan las tierras, las napas subterráneas y el aire. Al igual que el norte, las termoeléctricas cada día tensionan más las formas de habitar en el campo, en los pueblos y ciudades. En el sur, las agriculturas locales están cada vez más como islas en un océano de pinos y eucaliptus. Las papeleras están contaminando los ríos y el aire. Las hidroeléctricas destruyendo el paisaje y la cultura de las localidades del interior y de la cordillera. La piscicultura precarizando el empleo y desarmando el ciclo biológico del fondo marino.

Las zonas rurales, ya sean costeras, interiores o cordilleranas están siendo desahuciadas producto de la enorme migración de jóvenes que buscan mejorar sus condiciones materiales de existencia. El campo fue abandonado a su suerte por el neoliberalismo y la centralidad urbana. Prácticamente todo el valor que produce el campo termina siendo redistribuido en las ciudades. Este círculo vicioso se amplifica mediante la precarización del empleo agrícola, las relaciones de oligopsonio* (como IANSA en la producción de azúcar) y la falta de servicios e infraestructura de todo tipo. La riqueza cultural de la ruralidad ha sido reducida a la sistematización del habitante urbano y a sus parámetros cuantitativos. El campesino, el Mapuche, el Aymará, etc, son vistos ahora de la misma forma que un habitante de la ciudad. Nota aparte merecen los incendios forestales que año tras año afectan miles de hectáreas de bosques nativos y cultivos de pequeños y medianos agricultores. Víctimas de una triple invisibilización: La indolencia de las grandes forestales, la ausencia de inversiones del Estado en políticas y equipamiento de brigadas forestales y el nulo interés de los medios de comunicación masivos por tomar esta problemática como algo de interés nacional. La ruralidad hoy en día está sumida en la omisión de un país que busca mostrarse como moderno y urbano.

Las zonas urbanas y sus habitantes están siendo parte de un proceso múltiple de redistribución centralizadora de los recursos, entre ciudades y al interior de la ciudad. Los pequeños pueblos están siendo vaciados por las grandes ciudades, creando nuevas desigualdades regionales y nacionales. Éxodo y fuga de población, recursos y servicios. Ya no sólo será Santiago la ciudad que centraliza, sino que nuevos conurbanos y ciudades también se transforman, a escalas locales, en puntos de nuevas centralizaciones. Antofagasta, Valparaíso-Viña del Mar, Concepción y Valdivia** son claros ejemplos de ello. Al interior de las ciudades se está reproduciendo la segregación urbana, separando y profundizando la brecha entre pobres y sectores populares con los sectores acaudalados. Esto promueve un movimiento de las inversiones públicas y privadas fortaleciendo la conectividad con el centro a los sectores ricos y dejando a la precariedad del transporte público chileno a cientos de miles de habitantes que habitan los sectores populares, habitualmente en los límites periféricos de la ciudad, lejos del empleo y cercano a puntos contaminados por empresas e industrias.

Podríamos seguir con una lista infinita de problemáticas que afectan los espacios de los habitantes populares, segregados, empobrecidos, etc. Estos adjetivos tienen una clara intención. Casi siempre son los habitantes más pobres, los con trabajos más precarios o que habitan en sectores abandonados por el poder central del Estado quienes sufren mayormente todas estas problemáticas. Es decir, aquí atraviesan problemas de Clase, de Raza y de Género. Si no, veamos cómo y dónde vive una mujer pobre Mapuche en la ciudad. Triplemente reprimida por su condición de mujer, indígena y pobre, triplemente afectada su movilidad en la ciudad, precarizada laboralmente y asediada en un espacio público hecho a la imagen del hombre blanco occidental. Esta configuración del espacio geográfico es el reflejo de una producción capitalista de él. El neoliberalismo, como sistema económico hegemónico representa y dispone de esta forma la ciudad, el campo y el Estado. Así, de múltiples y diversas formas, el capitalismo se apropia de los espacios en el campo o en la ciudad, transformando los antiguos espacios tradicionales y populares en espacios mercantilizados. Hoy, el territorio está siendo usado a favor del capital, él mismo se ha transformado en mercancía, sujeta a la especulación y al lucro capitalista.

La administración política del espacio, radicado en el Estado, en los Gobiernos Regionales y en las Comunas, se han mostrado complacientes con este espíritu neoliberal. ¿El “caso Caval” no representa la punta de un iceberg en torno a la especulación de los espacios que habitamos? Aquí se ve como los intereses financieros, comerciales y políticos se entremezclan, dejando como únicos afectados a los habitantes locales, sujetos a la especulación de grandes conglomerados económicos enquistados en todas las esferas del poder político. Tal como fue en este caso, desde la Municipalidad, pasando por Seremis de Vivienda hasta llegar ni más ni menos que a la Moneda. Las regulaciones del territorio son deficientes, claro está. Es más, las regulaciones más rigurosas sólo son para la ciudad, dejando a los sectores rurales al libre arbitrio del mercado. Los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS) son un saludo a la bandera y una oportunidad para la privatización de las administraciones locales. ¿Alguna vez nos han preguntado cómo queremos que sea la ciudad? O Peor aún, ¿alguna vez se ha concretado efectivamente como queremos que sea la ciudad? Ejemplos que contradigan lo que proponemos hay varios. Un servicio de salud por aquí, otro por allá (posiblemente servicios precarios), una comisaría por aquí, una ciclovía por allá. Claro, eso se ha hecho. Pero cuando alguien plantea modificar la estructura de redistribución del valor que generan los trabajadores y trabajadoras en la ciudad a fin de hacerla más equitativa. O peor aún, cuando se plantea que las viviendas sociales sean de mejor calidad y no estén segregadas de la ciudad. Ninguna ciudad ni administración podría decir que se ha hecho caso al deseo de cientos sino miles de habitantes.

Vivimos en un periodo en donde todo el territorio nacional está inserto en una lógica capitalista. Las grandes corporaciones transnacionales tienen libertad para hacer y deshacer. Se han logrado transformar en poderes locales gravitantes: Forestal Arauco en la comuna de Quillón, Barrick Gold en la comuna de Alto del Carmen, son ejemplos radicales de cómo las empresas privadas ejercen sus influencias y poder para usar el territorio y arrancar de ahí valor para sus holdings financieros. Y no sólo pasa en sectores rurales. ¿Acaso la industria inmobiliaria no hace y deshace lo que quiere en las ciudades? Es cosa de ver como los medios de comunicación le otorgan tanta visibilidad a la Cámara de la Construcción, uno de los gremios más poderosos de Chile, con alta influencia política, que trasciende a la derecha o al actual gobierno***.

De esta forma, y en el contexto de una extrema desigualdad social y territorial, es que proponemos a continuación entonces una agenda política y social que busque frenar progresivamente la mercantilización de nuestros espacios de vida. Esto por supuesto, no busca ser un referente normativo, sino una contribución desde los movimientos sociales y desde las miradas críticas de disciplinas que estudian y se comprometen con el territorio y el habitar de millones.

Los movimientos sociales y la política territorial.

Tras el inicio de los gobiernos de la Concertación, rápidamente surgieron movimientos sociales de distinto tipo que vieron en “la cuestión del territorio” una problemática latente al mismo tiempo que material, palpable, que afecta directamente las formas de vida cotidiana. Hablamos por ejemplo de grupos de defensa del medio ambiente, grupos en contra de industrias contaminantes, movimientos de pobladores que luchan por mejorar sus barrios o que luchan por el derecho a la vivienda. Organizaciones campesinas que están tomando el lento camino de proteger la semilla tradicional y las formas de producción agrícolas no invasivas. Otros movimientos se fortalecieron para continuar con sus luchas. Hablamos de las demandas del Pueblo Mapuche, de cientos de tomas de terrenos que a lo largo del país aprovecharon el fin de la dictadura para poder ser constituidas como terrenos propios y legales, para así acceder a servicios básicos como el agua y la luz, así como para evitar las erradicaciones y desplazamientos forzados.

En la actualidad, diversas organizaciones trabajan en estas temáticas. Nombrarlas todas sería hoy por hoy un gran desafío. Su característica es que ya, tras varios años de lucha, se han consolidado y han dado un vuelco hacia una definición política clara. Muchas han pasado de la demanda inmediata a una crítica radical de las formas de producción del espacio que el Estado de Chile está garantizando mediante la privatización y subsidiariedad a las empresas privadas, junto a una seguidilla de políticas aprobadas por los sucesivos parlamentos que o continúan la ideología de la Dictadura, otras que las profundizan y otras que simplemente las matizan. El Movimiento de Pobladores en Lucha, por ejemplo, ha llevado nuevas formas de organización de su contenido político, fortaleciendo la crítica en sus militantes mediante una riqueza teórico y práctica. Sus demandas van al derecho al habitar, una crítica al poder inmobiliario y hacia las formas políticas de gestión del territorio por parte del Estado y demás administraciones políticas. La agrupación Andha Chile ha sabido fortalecer la acción directa de sus demandas materiales inmediatas en conjunto con una lucha de mediano y largo plazo sobre la política habitacional. Todos Somos Asamblea poco a poco ha ido conformando un espacio de diálogo principalmente entre organizaciones y movimientos de comunidades locales que de forma horizontal han ido aglutinando las distintas problemáticas que los aquejan. El análisis es claro: desde las protestas en Aysén hasta el conflicto de Agrosuper en Freirina pasa por una política deliberada con la transformación del territorio en mercancía.

Estas organizaciones y este movimiento social de carácter “territorial”, por definirlo de alguna forma, no tienen la masividad en las calles, ni tampoco la cantidad de prensa que otras demandas. Sin embargo, si miramos más rigurosamente, luchas por un territorio más justo o por el derecho a que el territorio sea construido por todos sus habitantes, implican necesariamente casi todas las demás luchas. La lucha por el uso del territorio es la lucha para que en vez de un centro financiero se construya un hospital, que las viviendas sociales no se vayan al extrarradio de la ciudad implica necesariamente un alivio para quienes toman el transporte público. Que las regiones puedan retener sus excedentes significaría más autonomía para poder invertir en educación pública o en universidades regionales que descentralicen la producción de saber, con énfasis en las necesidades locales. Transformar el espacio es parte de transformar la vida****.

Para ir terminando, retomamos las demandas de estas organizaciones y los movimientos sociales con el fin de radicalizar las demandas por el territorio. Es tiempo de profundizar nuevas formas de construir el territorio que contraríen el impulso mercantilizador del capitalismo. Radicalizar porque hemos visto en los últimos años un aumento de trágicos sucesos, que han demostrado lo que estas políticas subterráneas contienen. El terremoto del 2010 marcó un hito para el poder de la especulación inmobiliaria. Al año siguiente, más de veinte mil hectáreas de tres comunas fueron arrasadas por la desregulación del ámbito forestal. El incendio en Valparaíso del año pasado demostró que la política urbana precariza y condena a los sectores populares a la posibilidad de perderlo todo. Un par de semanas antes, un terremoto sacudió la Región de Arica y Parinacota, la cual pasó al olvido por el centralismo. Las lluvias en el norte y la sequía en el sur de este verano desencadenaron cientos de damnificados e incluso muertos. ¿Acaso la regulación legal del territorio no tiene algo que decir? ¿Existen opciones para que estos eventos no lleguen a niveles de inseguridad e injusticia tan grandes? Creemos que sí.

Algunas propuestas concretas:

Para llegar a una amplia transformación de nuestros espacios de vida es que necesitamos entonces seguir fortaleciendo la organización en distintas redes. Agrupaciones de distintas naturalezas y ámbitos de acción. Pero por sobre todo, crear un movimiento social en donde los vecinos y vecinas tengan participación y sean protagonistas a la hora de materializar un programa social y político concreto de transformación territorial. Por nuestra parte, retomamos y proponemos algunas ideas concretas para el debate:

Terminar con las concesiones mineras. Es un mecanismo engorroso de privatización del subsuelo del territorio nacional en el que, si bien no entrega la propiedad como tal, la concesiona por un periodo indefinido de tiempo para que empresas transnacionales se instalen. Consolidando así un modelo extractivista que contamina y transforma el entorno. Para colmo, apenas pagan impuestos.

Desprivatizar el código de agua. Chile es de los pocos países que tiene un tratamiento de privatización tan grande en el mundo. Este modelo de “propietarios” privado del agua ha consolidado un mercado de ventas y compras de acciones de agua, dejando en desamparo a pequeños agricultores. Por otro lado, el aprovechamiento de esta política del agua ha permitido el uso indiscriminado de ella, dejando poblaciones enteras sin acceso a agua para consumo personal.

Eliminar el Decreto de Ley 701 instaurado en la dictadura y ampliamente apoyado por los gobiernos en democracia que subsidia a las empresas forestales. Este mecanismo de subsidios, que todos pagamos, es el principal factor de que la zona centro sur del país esté ahogada de monocultivos de pinos y eucaliptus.

Regular estrictamente la industria inmobiliaria. Las inmobiliarias hoy en día se han consolidado como un fuerte promotor de los cambios de uso de suelo, la especulación de los precios de la tierra y de las viviendas. También son parte de la transformación de las formas y estilos de vida, potenciado una forma de vida individualista y mercantil. Las inmobiliarias son un tremendo negocio que en otros países ha llevado a grandes crisis como en España y en Estados Unidos, donde finalmente los mismos habitantes tuvieron que subsidiar su crisis.

Rechazar cualquier intento de desplazamiento forzado de pobladores tradicionales para “renovar y revalorizar” el barrio (Gentrificación). El capitalismo ha sabido adaptarse a nuevas formas de acumulación de capital. Una de ellas es la desvalorización de ciertos sectores históricos, los cuales lentamente son apropiados a “precio huevo” por empresas que comienzan a invertir en él a fin de revalorizarlo. Esto implica el aumento de los precios de arriendo y la presión de los dueños antiguos a irse del lugar por no corresponder al “nuevo plan de revalorización”.

Terminar con las EGIS. Las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social son una forma burocrática y privatizada de gestionar la construcción de viviendas sociales. Estas se apropian doblemente de dineros estatales que van en beneficio de los comités de vivienda. Por un lado, como entidad burocrática, se establecen como un eslabón más en el mecanismo de obtención de subsidios y construcción de viviendas, gastando dinero en una empresa que supuestamente haría más rápido “los trámites” (la lógica de lo privado como eficiente). Por otro lado, somos nuevamente los habitantes del país quienes entregamos dinero indirectamente a empresas privadas que cumplen un rol que perfectamente podría realizarse directamente entre los comités de vivienda y el Estado.

Fortalecer nuevas formas de construcción de viviendas y barrios. Al mismo tiempo, proponer la viabilidad de que las nuevas viviendas que se construyan para los sectores populares puedan ser múltiples y diversas tanto en su tipo como en su forma de construir. Ante la homologación a nivel nacional del tipo de “vivienda social”, es sabido que con el mismo dinero se podrían (auto) construir viviendas dignas, de buena material, de mejor diseño arquitectónico y en conjunto con los pobladores/as diseñar los barrios que salgan del esquema típico capitalista.

Que los excedentes de las regiones se queden en ellas. Regiones abandonadas a la producción decommodities deben soportar que los impuestos de estas grandes empresas sean capitalizados en las casas centrales ubicadas en la Región Metropolitana. Esta es una doble exclusión y segregación para las regiones que terminan siendo un mero escenario extractivista, para luego tributar en Santiago o simple y llanamente en el extranjero.

Que las comunidades locales sean las que permanentemente planifiquen la ciudad, donde sean consultados los distintos actores económicos y políticos. Es decir, invertir el papel actual en donde las comunidades locales son un solo capítulo de “la política urbana”. Esto contiene al mismo tiempo que dejen de ser empresas privadas quienes tengan la conducción de un ejercicio tan importante como el pensar la ciudad. Algo que deliberadamente ha sido privatizado por el Estado y los municipios.

Crear progresivamente autonomías locales. Al contrario de impulsos estatistas centralizadores, se debiese radicalizar la confianza en las comunidades locales para que sean ellas quienes tomen decisiones sobre su territorio. Esto implica transformar profundamente el funcionamiento de las municipalidades y la división político administrativa a fin de que cada vez más sean los propios vecinos y vecinas quienes tomen decisiones, puedan ser gestores de políticas o puedan revocar autoridades locales.

Todas estas ideas buscan ser un pequeño aporte a un movimiento social de base territorial que radicalice sus contenidos programáticos y su horizonte político. En virtud de las velocidades y tiempos del capitalismo para desplazarse por el planeta, la emergencia del movimiento social y de las comunidades locales debe tomar el protagonismo que merece para así poder proponer un nuevo espacio y, de esa forma, una nueva vida.

Ignacio Celis pertenece al Movimiento Cultural Pro-defensa Raíces Aurora de Chile y es miembro del Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo

* Oligopsonio: cuando una pequeña cantidad de empresas concentran casi la totalidad de las compras a pequeños y medianos productores de materias primas tales como la remolacha, las paltas y frutas en general o los pinos y eucaliptus. De esta forma, las empresas grandes controlan los precios de lo que compran.

** El caso de Valdivia es interesante. Tras la creación de la Región de los Ríos se transformó en la única ciudad con más de cien mil habitantes de ese recorte administrativo. Además de capital regional, concentra la mayoría de los recursos y servicios educacionales, hospitalarios, financieros y político-administrativos. Paradójicamente, en términos formales se transformó en una de las regiones con mayor desigualdad entre su capital y el resto de los poblados.

*** La Cámara Chilena de la Construcción además de ser uno de los gremios con más poder en Chile, tiene la característica que al fijarse como “neutral” y preocupada “por el interés nacional” es mirada como ente técnico, cuando en realidad todas sus recomendaciones en sus distintos comités gremiales parte de una clara intencionalidad política amparada bajo un marco neoliberal de la producción de vivienda o infraestructura privada y pública. En la CCHC hay consejeros y socios de distintos tintes políticos. Por ejemplo, en ella conviven personeros de la UDI con los ex presidentes Frei y Lagos, ambos de la Nueva Mayoría.

**** En su libro ‘La producción del espacio’ (1973; 2013 versión en español), Henri Lefebvre insistirá en la idea de que no puede haber vida nueva sin un espacio nuevo.